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En artículo
anterior me referí al Sistema Público Nacional de Salud como
formidable construcción en perspectiva y desarrollo cuyo
objetivo estratégico es el de avanzar hacia la mejor calidad
de vida para todos y cada uno de los miembros de la
sociedad, vale decir, hacia el corazón del socialismo.
Mencioné los decretos enmarcadores, enero y julio de 2008,
la naturaleza del sistema en cuanto articulador orgánico de
todos los principios constitucionales pertinentes, los
logros sociales y operacionales más visibles ya conquistados
y los elementos condicionantes de esos logros, inscritos en
la coherente visión del Decreto de enero: el Plan, su
contenido de respuesta transectorial y participación
popular, el Comité Gestor Interministerial creado para
instrumentarlas y la conformación de un sistema
metropolitano de salud en calidad de Piloto, partiendo de
que ya había un camino andado. Prometí, además, buscar
información para proseguir, y con tal propósito entrevisté a
la doctora Luisana Melo, ex Directora Metropolitana de
Salud.
Empezó diciéndome que le correspondía hacer un análisis
contentivo de señalamientos críticos, no obedientes en modo
alguno a resentimiento o reconcomio, sino debidos a su
experiencia de estudiosa dedicada al área de la salud
pública y actora apasionadamente comprometida en la
construcción del sistema, y a su sensibilidad de
revolucionaria (me constan la solidez de su formación y la
integridad de su carácter).
Resumo sus observaciones.
1: El Decreto
de julio, mediante el cual se transfieren los servicios
descentralizados de la Alcaldía Metropolitana al Ministerio
del Poder Popular para la Salud, entraña la necesidad de
ejecutarse en coordinación con el anterior Decreto (que
sigue en pie), puesto que el desarrollo de los componentes
del Plan lanzado en enero por el Presidente se ha concretado
en un conjunto de programas que afectan los servicios
hospitalarios y ambulatorios, incluyendo la movilización de
comunidades y profesionales alrededor de iniciativas
innovadoras en la gestión y en la atención a las personas,
además de establecer objetivos y acciones en salud pública
que afectan a otros sectores. 2: Esto implica, no sólo la
persistencia de los efectos y alcances de dicho Decreto de
enero, como lo afirmó el Vicepresidente, sino también el
requerimiento de que la recentralización de los servicios
considere en el curso de la transición el respeto y
observancia de los procesos avanzados desde el proyecto
metropolitano. 3: La vigencia del ejercicio del Comité
Gestor Interministerial y el rol de la Vicepresidencia en la
coordinación de innúmeros procesos no pueden ser ignorados,
como tampoco puede serlo que la Secretaría de Salud venía
desarrollando una serie de iniciativas de impulso al plan de
trabajo originado por el Decreto de enero, las cuales
reclaman y merecen seguimiento. 4: Es particularmente digna
de consideración la cuestión de los procesos y proyectos que
no encuentran instancia previa en la estructura y
funcionamiento del MPPS, pues se trata justamente de
elementos innovadores relativos al Piloto metropolitano,
tales como: El complejo de regulación de la atención, el
cual ya es parte de las respuestas sociales en el área y
comprende varios mecanismos facilitadores del acceso a los
diversos servicios y la operación del SIAMU, red de atención
a las urgencias que suprime el ruleteo; la organización de
las líneas de atención por áreas de intervención, cuyos
ejemplos más notables hasta ahora son las de oncología y
gineco-obstetricia; las redes de coordinación de los
servicios de todas las entidades (MPSS, Seguro Social,
Secretaría Metropolitana, Sanidad Militar, Hospital
Universitario, Dirección de Salud de Miranda, IPASME),
establecidas en función del plan de trabajo del Decreto de
enero, el cual dice que es preciso abrir paso a una nueva
institucionalidad, prevista para lanzarse en 2009 y
consolidarse en 2010 y que ha tenido varias manifestaciones
positivas en la reorganización de los servicios. En torno a
esa perspectiva no hay expresión ninguna en este proceso de
recentralización. De hecho, el Decreto de julio no hace
referencia al de enero ni a la construcción de un Sistema
Público Nacional de Salud, y consecuentemente no avanza nada
en la rectoría de un sistema que por mandato constitucional
debe abarcar todos los órganos estatales del área. Cierro
aquí. En próxima entrega continuaré con las observaciones de
Luisana Melo.
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